12.04 Comprobaciones y regularización catastral

Comprobaciones y regularización catastral

Las comprobaciones y regularización catastral consisten en la verificación técnica de la realidad física de los inmuebles frente a la información que figura en el Catastro, con el fin de detectar discrepancias, errores u omisiones y documentar adecuadamente su corrección.

Este tipo de trabajos resulta especialmente relevante para los ayuntamientos, ya que la información catastral es una pieza clave tanto en la gestión del patrimonio municipal como en la fiscalidad, el urbanismo y la tramitación administrativa de los inmuebles.

¿Qué situaciones requieren una comprobación catastral?

Las comprobaciones técnicas suelen ser necesarias cuando existen indicios de que la información catastral no refleja fielmente la realidad, por ejemplo:

• Construcciones no incorporadas o mal descritas en Catastro.
• Ampliaciones, demoliciones o cambios de uso no actualizados.
• Diferencias de superficie, distribución o configuración del inmueble.
• Inmuebles municipales con datos antiguos o incompletos.
• Discrepancias detectadas en inventarios, expedientes urbanísticos o valoraciones.

¿En qué consiste la comprobación técnica?

El trabajo técnico se basa en contrastar la realidad física del inmueble con la cartografía y los datos catastrales, mediante:

• Inspección exterior o interior del inmueble, según proceda.
• Revisión de planos, cartografía catastral y ortofotografías.
• Mediciones y comprobación de superficies y volúmenes.
• Identificación de elementos construidos, usos y ocupaciones.

Informe de regularización catastral

El resultado se recoge en un informe técnico que documenta las discrepancias detectadas y aporta la base necesaria para su corrección, incluyendo:

• Descripción del inmueble y situación catastral actual.
• Análisis de las diferencias entre Catastro y realidad física.
• Documentación gráfica, croquis y reportaje fotográfico.
• Propuesta técnica de regularización o actualización.

Utilidad para la gestión municipal

Una información catastral ajustada a la realidad facilita una gestión más eficiente del patrimonio público, reduce conflictos administrativos, mejora la fiabilidad de los inventarios municipales y aporta seguridad en procesos de valoración, enajenación, expropiación o disciplina urbanística.